El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, se unió a una coalición de 18 estados en una demanda que impugna una directiva de la administración Trump que suspendió las aprobaciones federales para proyectos de energía eólica, citando preocupaciones sobre su impacto en el desarrollo de energía limpia y las inversiones estatales.
Según el comunicado de prensa distribuido el lunes 5 de mayo: “El Fiscal General Anthony G. Brown se unió hoy a una coalición de 18 fiscales generales para presentar una demanda contra la administración Trump por su intento ilegal de congelar el desarrollo de la energía eólica.
El 20 de enero, el presidente Trump emitió un Memorándum Presidencial que, entre otras cosas, suspendió indefinidamente todas las aprobaciones federales necesarias para el desarrollo de proyectos de energía eólica marina y terrestre, a la espera de su revisión federal. En virtud de esta directiva, las agencias federales han suspendido todos los trámites de permisos y aprobaciones, e incluso han emitido una orden de suspensión de obras para un proyecto en Nueva York, que ya contaba con todos los permisos necesarios y cuya construcción ya había comenzado. La energía eólica es una fuente local de energía confiable y asequible que sustenta cientos de miles de empleos, genera miles de millones de dólares en actividad económica y pagos de impuestos, y suministra más del 10 % de la electricidad del país.
“La indignante e ilegal congelación del desarrollo de energía eólica por parte de la Administración Trump constituye un ataque directo a la seguridad climática y la prosperidad económica futuras de Maryland. La energía eólica proporciona empleos bien remunerados a los trabajadores de Maryland, fortalece nuestra red eléctrica y nos ayuda a combatir los efectos cada vez más devastadores del cambio climático”, declaró el Fiscal General Brown. “Con esta demanda, protegemos el sustento de miles de familias y nos mantenemos firmes contra el imprudente ataque del presidente Trump a una industria que ofrece energía confiable, asequible y limpia para todos los residentes de Maryland”.
“Las acciones del presidente violan la ley federal y nos dificultarán ayudar a los residentes de Maryland a conservar sus ingresos. Una de las mejores estrategias para reducir los costos de los servicios públicos es aumentar la producción de energía limpia mediante la energía eólica”, declaró el gobernador Wes Moore. “En un momento en que las familias sufren la presión de las altas facturas de energía, debemos centrarnos en reducir los trámites burocráticos, no en detener proyectos de infraestructura cruciales. Agradezco al Fiscal General Brown por apoyar a nuestra gente, nuestra economía y la Constitución de los Estados Unidos”.
Los fiscales generales alegan que la directiva del presidente perjudica los esfuerzos de sus estados por asegurar fuentes de energía confiables, diversificadas y asequibles para satisfacer la creciente demanda de electricidad, ayudar a reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos nocivos, cumplir los objetivos de energía limpia y abordar el cambio climático. La directiva también amenaza con frustrar las importantes inversiones de los estados en infraestructura para la industria eólica, cadenas de suministro y desarrollo laboral, inversiones que ya ascienden a miles de millones de dólares.
Maryland, en particular, ha invertido fuertemente en energía eólica como parte de su plan para combatir el cambio climático. La ley estatal exige que Maryland alcance cero emisiones netas de carbono para 2045, siendo la energía eólica un pilar fundamental de este esfuerzo. En 2023, Maryland se fijó el ambicioso objetivo de desarrollar 8500 megavatios de energía eólica marina para 2031.
Se espera que la industria eólica marina sea una fuente importante de empleos bien remunerados y beneficios económicos para el estado. Se proyecta que un solo proyecto, el Proyecto Eólico Marino de Maryland de US Wind, genere más de 13 000 empleos y genere más de 6 000 millones de dólares en beneficios económicos para Maryland. Maryland también ha comprometido millones en fondos estatales para desarrollar una fuerza laboral y una cadena de suministro de energía eólica, con 5 millones de dólares asignados solo en el año fiscal 2025. Todas estas oportunidades económicas y beneficios climáticos están ahora en riesgo debido a la abrupta suspensión del desarrollo de la energía eólica por parte del gobierno.
La coalición argumenta que el Memorándum Presidencial y su posterior implementación por parte de las agencias federales violan la Ley de Procedimiento Administrativo y otras leyes federales porque, entre otras cosas, no ofrecen una explicación razonada para detener categórica e indefinidamente todo el desarrollo de la energía eólica. Este cambio repentino revierte una política federal de larga data y es incoherente con las recientes medidas federales para impulsar otras formas de energía. La demanda también alega que la suspensión abrupta de todos los permisos viola numerosas leyes federales que prescriben procedimientos y plazos específicos para la obtención de permisos y aprobaciones federales, procedimientos que la administración ignoró por completo al detener por completo el desarrollo de la energía eólica.
Al presentar esta demanda, los fiscales generales piden a la Corte que declare ilegal la directiva del Presidente y evite que la administración tome cualquier medida para retrasar o prevenir el desarrollo de la energía eólica.
Junto al Fiscal General Brown en la presentación de esta demanda están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Washington.
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