El fiscal general Anthony G. Brown se unió a otros 18 fiscales generales estatales para buscar una orden judicial preliminar para bloquear una orden ejecutiva de la administración Trump que, según ellos, impone requisitos de votación federal inconstitucionales y amenaza el control estatal sobre los procesos electorales.
Según el comunicado de prensa distribuido el miércoles 6 de mayo: “El Fiscal General Anthony G. Brown se unió hoy a una coalición de 19 fiscales generales para presentar una moción de orden judicial preliminar para impedir que la administración Trump implemente la Orden Ejecutiva No. 14248 (Orden Ejecutiva), un intento inconstitucional, antidemocrático y antiestadounidense de imponer restricciones radicales al voto en todo el país.
Entre otras cosas, la Orden Ejecutiva intenta reclutar a los funcionarios electorales estatales en los esfuerzos del Presidente por imponer requisitos de prueba documental de ciudadanía para el registro de votantes, obligar a los estados a ignorar las papeletas de voto por correo emitidas antes del día de la elección pero recibidas por los funcionarios electorales apenas unos días después, y retener varios flujos de financiación federal a los estados si no cumplen.
El 3 de abril, los fiscales generales presentaron una demanda impugnando la Orden Ejecutiva. La demanda subraya que la facultad de regular las elecciones recae exclusivamente en los estados y el Congreso, no en el presidente. Desde entonces, la administración Trump ha comenzado a tomar medidas para implementar la Orden Ejecutiva.
En su moción de orden judicial preliminar, los fiscales generales argumentan que es probable que ganen por los méritos de su demanda, que sus estados tienen intereses únicos y profundos en juego en el litigio y que sus estados sufrirán daños irreparables sin una orden judicial.
En su moción, los fiscales generales explican que la Orden Ejecutiva perjudica gravemente el interés imperioso de sus estados en preservar la integridad de sus procesos electorales. Por ejemplo, los requisitos de comprobación documental de ciudadanía han exigido una respuesta inmediata por parte de algunos funcionarios electorales estatales, quienes deben considerar cómo llevar a cabo sus tareas de registro de votantes conforme a los nuevos requisitos, reuniéndose con su personal, hablando con los funcionarios electorales locales y comenzando a planificar para un futuro próximo con los requisitos vigentes, o arriesgarse a perder fondos federales.
Además, para obligar a los estados a cumplir con la nueva fecha límite para la recepción de papeletas, la Orden Ejecutiva recurre a amenazas coercitivas por parte del Fiscal General de los Estados Unidos y a condiciones de financiación. Para administrar adecuadamente las elecciones conforme a la nueva fecha límite para la recepción de papeletas, los administradores electorales estatales deben dedicar importantes recursos adicionales a la capacitación, la educación y el apoyo de los funcionarios electorales locales y del público votante.
Al presentar hoy la moción de una orden judicial preliminar, el Fiscal General Brown se une a los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
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