El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, junto con otros 19 fiscales generales estatales, presentó dos demandas contra la administración Trump impugnando las nuevas condiciones federales que vinculan la financiación de emergencia y transporte a la cooperación estatal con la aplicación de la ley de inmigración, argumentando que las medidas anulan ilegalmente las leyes estatales y exceden la autoridad federal.
Según el comunicado de prensa distribuido el martes 13 de mayo: “El Fiscal General Anthony G. Brown, trabajando en conjunto con otros 19 fiscales generales, presentó hoy dos demandas separadas contra la administración Trump por intentar coaccionar ilegalmente a sus estados para que implementen medidas radicales de control de inmigración al amenazar con retener miles de millones de dólares en fondos federales para servicios de emergencia e infraestructura de transporte.
El Fiscal General Brown y la coalición interpusieron una demanda contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretaria, Kristi Noem. Maryland codirigió una segunda demanda contra el Departamento de Transporte (DOT) y su secretario, Sean Duffy. Cada agencia ha impuesto nuevas y radicales condiciones que obligarían a los estados y sus agencias a comprometer su personal y recursos en las iniciativas federales de control migratorio, independientemente de las leyes y políticas estatales que rijan a las agencias estatales, o perderían miles de millones de dólares federales que los estados destinan a proteger la seguridad pública y la infraestructura de transporte.
Nuestro mensaje sobre estas demandas es claro: la ley de Maryland, aprobada por la Asamblea General en 2021, reconoce claramente el papel principal del gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria, a la vez que establece límites a la cooperación estatal y local. El Fiscal General se unió a esta acción porque el gobierno federal intenta obligar a Maryland a actuar en contra de sus propias leyes, declaró el Fiscal General Brown.
“La amenaza de la administración Trump de retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos federales sería catastrófica para la seguridad de todos los habitantes de Maryland. Al obligar a los estados a desviar recursos limitados de la protección de las comunidades locales, corremos el riesgo de comprometer el importante progreso que hemos logrado en materia de seguridad pública en los últimos años, incluyendo algunas de las reducciones de criminalidad más impresionantes de todo el país”, declaró el gobernador Wes Moore. “En resumen, amenazar nuestra financiación para la seguridad y el transporte crea riesgos innecesarios, nos reduce la capacidad de responder ante desastres y nos hace menos seguros. Felicito al Fiscal General Brown y a la coalición multiestatal de fiscales generales por presentar estas demandas. Maryland seguirá defendiendo a los ciudadanos de nuestro estado contra cualquier amenaza y respetará la Constitución, como es nuestra solemne obligación”.
El Fiscal General Brown y los fiscales generales explican que el Congreso ha establecido docenas de programas de financiación federal administrados por FEMA y el Departamento de Transporte. El dinero que el Congreso asignó a estos programas financia proyectos que abarcan desde ayuda ante desastres y mitigación de inundaciones hasta la construcción de ferrocarriles, puentes y aeropuertos.
En febrero, la Secretaria Noem ordenó al DHS y a sus subagencias, incluyendo a FEMA, suspender la financiación federal a las jurisdicciones que no asisten al gobierno federal en la aplicación de la ley federal de inmigración. En marzo, el DHS modificó los términos y condiciones que impone a los fondos federales para exigir a los beneficiarios que certifiquen que colaborarán en la aplicación de la ley federal de inmigración.
Poco después de la decisión de Noem, el secretario del DOT, Duffy, envió una carta a los beneficiarios de las subvenciones, informándoles de su intención de exigir a todos los gobiernos estatales y locales que colaboren en la aplicación de la ley migratoria federal como condición para obtener fondos del DOT. Estos fondos incluyen subvenciones para la construcción de carreteras, el mantenimiento del transporte público y fondos competitivos para la mejora de aeropuertos y vías férreas. En las últimas semanas, los solicitantes de subvenciones estatales han visto cómo se ha añadido un texto similar sobre la aplicación de la ley migratoria a los términos y condiciones que rigen las subvenciones administradas por la Administración Federal de Ferrocarriles, la Administración Federal de Carreteras y la Administración Federal de Tránsito.
En su demanda contra FEMA, el Fiscal General Brown y la coalición enfatizan que la aplicación de las leyes migratorias es responsabilidad del gobierno federal, no de los estados. La coalición explica además que las condiciones son ilegales porque el Congreso asignó miles de millones de dólares federales en cuestión para ayudar a los estados a prepararse, protegerse, responder y recuperarse ante desastres catastróficos. La seguridad y el bienestar de los estadounidenses podrían estar en riesgo si los estados se ven obligados a renunciar a cientos de millones de dólares en fondos federales para la preparación y respuesta ante emergencias. El año pasado, solo Maryland recibió más de 42 millones de dólares en fondos federales de FEMA.
El Fiscal General Brown y los fiscales generales señalan que Maryland y otros estados han promulgado leyes que limitan la cooperación con la aplicación de la ley de inmigración federal, incluidas dos leyes aprobadas por la Asamblea General de Maryland en 2021.
En su demanda contra el Departamento de Transporte (DOT), el Fiscal General Brown y la coalición señalan que imponer una condición de control migratorio a todos los fondos federales de transporte, asignados por el Congreso para apoyar proyectos de infraestructura crítica, excede la autoridad legal de la agencia y transfiere indebidamente la responsabilidad federal a los estados. Los estados de la coalición dependen de los fondos del DOT para financiar proyectos de desarrollo de carreteras y seguridad aeroportuaria, prevenir lesiones y muertes por accidentes de tráfico y protegerse contra colisiones ferroviarias. Anualmente, Maryland recibe más de mil millones de dólares en asistencia federal para todos los modos de su infraestructura de transporte, que abarca carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y transporte metropolitano.
Al presentar las demandas, el Fiscal General Brown se une a los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Vermont.
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