Maryland El Fiscal General Anthony Brown se unió a otros 21 fiscales generales en una demanda que desafía el requisito de la administración Trump de que los estados apoyen los esfuerzos federales de control de inmigración para acceder a los fondos de subvención de la Ley de Víctimas de Delitos.
Según el comunicado de prensa distribuido el lunes 18 de agosto: “El Fiscal General Anthony G. Brown anunció hoy que se unió a una coalición de 21 fiscales generales para demandar a la administración Trump por la imposición ilegal de condiciones a las subvenciones de la Ley de Víctimas de Delitos autorizadas por el Congreso. La administración Trump, ignorando la letra clara de la ley y la intención del Congreso, ha declarado que los estados no podrán acceder a estos fondos, utilizados para apoyar a las víctimas y sobrevivientes de delitos, a menos que acepten apoyar las medidas extremas de control migratorio de la administración Trump.
“Las víctimas de delitos necesitan toda la ayuda posible para sobrevivir a experiencias traumáticas, a menudo violentas, que pueden cambiar sus vidas para siempre”, declaró el Fiscal General Brown. “El intento ilegal del gobierno de retener estos fondos cruciales socava la capacidad de los estados para brindar servicios esenciales y amenaza la confianza que los sobrevivientes depositan en los programas diseñados para ayudarlos a sanar y reconstruir sus vidas”.
La Ley de Víctimas del Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1984 por el presidente Ronald Reagan, creando una serie de programas de subvenciones para que los estados pudieran proporcionar recursos y servicios esenciales a las víctimas y sobrevivientes del crimen mientras intentaban restablecer la normalidad en sus vidas: servicios de defensa de víctimas y testigos; albergue de emergencia; gastos médicos, funerarios y de entierro; limpieza de la escena del crimen; exámenes forenses de agresión sexual, y mucho más. Estas fuentes de financiamiento, que suman más de mil millones de dólares al año en todo el país, han garantizado durante mucho tiempo que los estados pudieran cumplir con sus obligaciones más fundamentales: proteger la seguridad pública y reparar los daños sufridos por sus residentes. Los estados utilizan estos fondos para asistir a casi 9 millones de víctimas de delitos cada año y para indemnizar a más de 200,000 víctimas por año. El Congreso ha exigido la distribución de casi todos los fondos de la VOCA a los estados con base en fórmulas estatutarias fijas y ha actuado repetidamente para garantizar fondos suficientes para las víctimas de delitos, incluso después de los ataques terroristas del 11-S.
Sin embargo, la administración Trump, a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ), ha declarado que los estados, así como las víctimas y sobrevivientes a quienes sirven, no recibirán estos fondos a menos que cumplan con la agenda política de la administración, es decir, sus prioridades en materia de inmigración. Para recibir estos fondos, los estados deben colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) en las labores de control migratorio civil, lo cual es responsabilidad del gobierno federal, no del gobierno estatal.
Esta directiva contradice los principios fundamentales del gobierno estadounidense: la separación de poderes y el federalismo. El Congreso no autorizó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a imponer condiciones a estos programas de subvenciones que obliguen a los estados a destinar sus recursos a implementar la agenda migratoria de la administración. Por lo tanto, el Fiscal General Brown y la coalición solicitan a la Corte que impida permanentemente que la administración Trump implemente o haga cumplir estas condiciones ilegales.
Al presentar la demanda, el Fiscal General Brown se une a los fiscales generales de California, Delaware, Illinois, Rhode Island, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
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