El Fiscal General Anthony G. Brown se unió a una coalición multiestatal que se opone a los cambios propuestos a la Recopilación de Datos sobre Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU., los cuales suspenderían la recopilación de datos sobre estudiantes no binarios y eliminarían las protecciones relacionadas con la identidad de género y las características sexuales en las denuncias de acoso y hostigamiento. La coalición argumenta que los cambios perjudicarían a las poblaciones estudiantiles vulnerables, socavarían la aplicación del Título IX, aumentarían la carga administrativa de las escuelas y generarían inexactitudes en los datos nacionales sobre equidad educativa.
Según el comunicado de prensa distribuido el lunes 8 de septiembre: “El Fiscal General Anthony G. Brown se unió hoy a una coalición multiestatal para oponerse a los cambios propuestos a la Recopilación Bienal de Datos sobre Derechos Civiles de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación. Los cambios propuestos detendrían la recopilación de datos sobre estudiantes no binarios, eliminarían la “identidad de género” y las “características sexuales” de las definiciones de acoso y hostigamiento por razón de sexo de la OCR, y cesarían la recopilación de datos sobre acoso y hostigamiento por razón de identidad de género. La Recopilación de Datos sobre Derechos Civiles de la OCR es la mayor y, en algunos casos, la única fuente de datos públicos a nivel nacional sobre educación en derechos civiles, lo que la hace crucial para el análisis de la equidad y las oportunidades estudiantiles en la educación.
Las consecuencias de no recopilar estos datos son significativas. La expresión de género es una de las razones más comunes por las que el alumnado LGBTQ+ sufre acoso o agresión en la escuela. Un estudio reciente reveló que casi el 60 % del alumnado LGBTQ+ sufrió acoso verbal por su expresión de género, más del 20 % acoso físico y aproximadamente el 8 % agresión física. Más del 80 % del alumnado LGBTQ+ declara sentirse inseguro en la escuela.
Enla cartaEl Fiscal General Brown y la coalición argumentan que suspender esta recopilación de datos perjudicará a estas poblaciones estudiantiles ya vulnerables, obstaculizando los esfuerzos de Maryland para identificar y abordar el acoso y la intimidación por identidad de género. Además, la suspensión de dicha recopilación de datos se aparta de las prácticas anteriores de la OCR y carece de una justificación clara. Los cambios propuestos socavarían la misión de la OCR de hacer cumplir la prohibición del Título IX contra la discriminación por motivos de sexo, sin ninguna evidencia de que los cambios beneficien a las escuelas o las agencias educativas locales.
Los cambios, de concretarse, incrementarían la carga para las escuelas y las agencias educativas locales, obligándolas a destinar recursos adicionales a la revisión de los expedientes de estudiantes no binarios, así como a revisar cada caso denunciado de acoso o intimidación por razón de sexo para determinar si se ajusta a la nueva definición de la Recopilación de Datos de Derechos Civiles. Las escuelas y las agencias educativas locales también tendrían que contradecir la ley estatal asignando la designación “masculino” o “femenino” a los estudiantes que se identifican como no binarios, u omitir completamente a dichos estudiantes de los conjuntos de datos de género. Por lo tanto, los cambios generarían costos adicionales para las escuelas y las agencias educativas locales, así como inexactitudes en los datos de género debido a la subestimación de los casos de acoso y intimidación.
Junto al Fiscal General Brown en la presentación de la carta están los fiscales generales de California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
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