El Fiscal General Anthony G. Brown se unió a otros 17 fiscales generales para presentar un escrito amicus en apoyo de una demanda que impugna dos órdenes ejecutivas de la era Trump que restringen los programas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.

La coalición sostiene que las órdenes son vagas, amenazan la financiación federal para organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales y socavan la equidad en el lugar de trabajo, al tiempo que insta al tribunal de apelaciones a confirmar una orden judicial de un tribunal inferior que bloquea partes de las políticas.

Según el comunicado de prensa distribuido el jueves 29 de septiembre: “El Fiscal General Anthony G. Brown hoy, como parte de una coalición de 17 fiscales generales, presentó unaescrito de amicusapoyando un desafío legal a dos de las órdenes ejecutivas del presidente Trump que apuntan a iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.

La coalición de fiscales generales presentó su escrito en el caso Chicago Women in Trades v. Trump ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito. Chicago Women in Trades (CWIT) es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres a superar la discriminación, el acoso y otros obstáculos para ingresar y permanecer en profesiones especializadas. CWIT impugnó múltiples disposiciones de las órdenes ejecutivas, alegando que amenazan ilegalmente su financiación federal y sus derechos amparados por la Primera Enmienda, incluyendo el requisito de que los beneficiarios de subvenciones y contratos federales certifiquen que no operan ningún “programa que promueva la DEI que viole las leyes federales antidiscriminación aplicables”. La administración Trump no ha definido términos críticos en las órdenes ejecutivas, incluyendo qué prácticas de diversidad, equidad e inclusión considera discriminación ilegal.

“Estas órdenes ejecutivas colocan a las agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro de Maryland en una situación imposible: o cancelan programas que promueven la equidad y la igualdad de oportunidades, o pierden los fondos federales que necesitan para servir a nuestras comunidades”, declaró el Fiscal General Brown. “Estos mandatos mal definidos amenazan con revertir el progreso en la equidad laboral y la igualdad de oportunidades que beneficia a todos los residentes de Maryland”.

En su escrito, la coalición sostiene que los programas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad son legales y beneficiosos. De hecho, muchos de estos programas garantizan el cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles. Los fiscales generales también explican cómo las disposiciones impugnadas en las órdenes ejecutivas perjudican a los estados, así como a sus residentes y empresas, al negarles los numerosos y valiosos beneficios asociados con los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades que han adoptado prácticas relacionadas con la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad.

Un tribunal inferior concedió al CWIT una orden preliminar parcial, pero la administración apeló. La coalición insta al tribunal de apelaciones a confirmar la orden.

Al presentar el escrito, el Fiscal General Brown estuvo acompañado por los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.


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