El Fiscal General Anthony G. Brown se unió a una coalición de 20 fiscales generales para presentar una demanda contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el fin de impugnar las nuevas restricciones a los fondos federales de asistencia a las víctimas. La demanda argumenta que la norma, que prohíbe a los estados utilizar las subvenciones de la VOCA, la VAWA y la Ley de Asistencia Legal Byrne (JAG) para brindar ciertos servicios legales a inmigrantes indocumentados o personas que no puedan demostrar su estatus migratorio, es ilegal y perjudicaría a los sobrevivientes y a los proveedores de servicios.
Según el comunicado de prensa distribuido el miércoles 1 de octubre: “El Fiscal General Anthony G. Brown se unió hoy a una coalición de 20 fiscales generales para presentar una demanda contra el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) para bloquear nuevas restricciones a la financiación federal que apoya a los sobrevivientes de violencia doméstica y otros delitos violentos.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Rhode Island, impugna una norma que prohíbe a los estados utilizar los fondos de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA), las Subvenciones de Asistencia Judicial Byrne (Byrne JAG) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) para brindar ciertos servicios legales a inmigrantes indocumentados u otras personas que no puedan demostrar su estatus migratorio. El Fiscal General Brown y la coalición argumentan que la nueva política es ilegal y solicitan al tribunal que impida que la norma entre en vigor en sus estados.
“Toda persona sobreviviente de violencia, independientemente de su estatus migratorio, merece sentirse segura y apoyada, pero esta política ilegal obliga a las víctimas a elegir entre buscar ayuda o arriesgarse a la deportación”, declaró el Fiscal General Brown. “Estas restricciones no solo silencian a las víctimas, sino que también ponen en riesgo a comunidades enteras al disuadir a las víctimas de denunciar y ayudar a las fuerzas del orden a exigir responsabilidades por sus delitos”.
Durante décadas, los programas de subvenciones de la VOCA y la VAWA han permitido a los estados apoyar a sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otros delitos violentos. Las subvenciones financian servicios como representación legal en tribunales de familia, asistencia para la reubicación y la vivienda, compensación por gastos médicos y funerarios, y otros servicios legales civiles. Las subvenciones de Byrne JAG proporcionan recursos adicionales a los gobiernos estatales y locales para iniciativas de justicia penal, incluyendo, en algunos estados, el apoyo a defensores públicos. En su demanda, los fiscales generales enfatizan que los tres programas han estado disponibles desde hace tiempo para todas las personas elegibles, independientemente de su estatus migratorio.
El mes pasado, el Departamento de Justicia informó a los estados que ya no podían utilizar los fondos de la VOCA, la VAWA ni la Ley de Ayuda Legal Byrne (JAG) para brindar ciertos servicios legales a inmigrantes indocumentados. La nueva “Condición de Servicios Legales” se aplica no solo a la financiación futura, sino también a las subvenciones ya otorgadas, y está previsto que entre en vigor el 31 de octubre de 2025.
El Fiscal General Brown y la coalición advierten que las nuevas restricciones trastocarán drásticamente los programas de servicios para víctimas, recortarán recursos cruciales y disuadirán a los sobrevivientes de buscar ayuda. Si los proveedores de servicios tienen que verificar el estatus migratorio de las víctimas o testigos, podrían verse obligados a negar protección a las familias en crisis, una política que, en última instancia, silenciaría a los sobrevivientes y erosionaría la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. Los fiscales generales también destacan que muchos proveedores de servicios carecen de la capacidad ni los recursos necesarios para implementar dichos procesos de verificación.
En la demanda de hoy, el Fiscal General Brown y la coalición argumentan que las nuevas restricciones del Departamento de Justicia (DOJ) violan la Cláusula de Gastos de la Constitución al imponer condiciones retroactivas y ambiguas a subvenciones ya otorgadas, en algunos casos hace años. Los fiscales generales también afirman que el DOJ infringió la Ley de Procedimiento Administrativo al no justificar la revocación de una política vigente durante décadas e ignorar el daño que la norma causará a los sobrevivientes y a los proveedores de servicios.
Junto al Fiscal General Brown en la demanda están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
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