Un juez federal ha emitido una orden judicial preliminar que impide a la administración Trump recortar la financiación a los programas de educación sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes que incluyan un lenguaje que afirme todas las identidades de género.
El fallo permite que Maryland y otros 16 estados continúen operando sus programas financiados con fondos federales, incluido el Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal de Maryland, de $950,000, que atiende a más de 1,400 jóvenes anualmente.
Según el comunicado de prensa distribuido el martes 28 de octubre: “Un juez federal emitió una orden judicial preliminar el lunes por la noche que impide que la administración Trump retire la financiación a los programas de educación sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes debido al lenguaje que afirma las identidades de género de todos los jóvenes.
Este fallo es el más reciente de una demanda interpuesta por 16 estados y el Distrito de Columbia, incluyendo Maryland. Los estados demandaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) en septiembre, alegando que la administración negaba servicios a jóvenes por razones crueles y puramente políticas, sin respetar la ley.
“Esta decisión protege los programas de educación sobre salud sexual que atienden a más de 1400 jóvenes cada año, recursos que son especialmente importantes en comunidades como el condado de Prince George, reconocido por la administración anterior de Trump como uno de los que tiene una de las cifras más altas de nuevos diagnósticos de VIH en el país”.dijo el Fiscal General BrownEstos programas son una cuestión de vida o muerte para los jóvenes de Maryland, y continuaremos nuestra lucha en los tribunales para proteger los fondos que los mantienen sanos y salvos.
Maryland depende de una subvención de casi $950,000 del Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal (PREP) para educar a los adolescentes sobre conductas sexuales saludables, reducir los embarazos y prevenir la propagación de infecciones de transmisión sexual. La orden judicial garantiza que Maryland no tenga que modificar sus programas para cumplir con la directiva ilegal del HHS, lo que haría que sus programas reflejaran menos la experiencia vivida de los jóvenes de Maryland, reduciendo la participación y el discurso comunitario sobre conductas sexuales saludables. Con la orden judicial vigente, Maryland puede continuar con su exitosa programación, que ayuda a más de 1,400 jóvenes de Maryland cada año.
Las acciones del HHS violan la Ley de Procedimiento Administrativo federal, así como la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso creó los programas de subvenciones con requisitos legales claros que contradicen directamente la insistencia infundada de la administración Trump en que el género es absoluto, fijo y binario, y en que cualquier referencia a la condición transgénero o la identidad de género debe eliminarse por completo.
Obligar a los estados a utilizar contenido incompleto y sin respaldo médico del programa PREP viola las leyes aprobadas por el Congreso. Esta medida es arbitraria y caprichosa según la Ley de Procedimiento Administrativo. Al imponer unilateralmente estas condiciones vagas y absurdas, también usurpa el poder adquisitivo del Congreso y viola la separación de poderes.
Junto al Fiscal General Brown en la demanda estuvieron los fiscales generales de Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin.
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