Maryland El Fiscal General Anthony G. Brown se unió a una coalición multiestatal en una demanda que impugna una declaración del 18 de diciembre del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., argumentando que busca ilegalmente restringir la atención de afirmación de género para menores al amenazar con excluir a los proveedores de Medicare y Medicaid sin seguir los procedimientos requeridos de notificación y comentarios.
La coalición pide al tribunal que bloquee la aplicación de la ley, argumentando que la acción excede la autoridad federal, altera indebidamente los estándares médicos e interfiere con el papel de los estados en la regulación de la práctica médica.
Según el comunicado de prensa distribuido el martes 23 de diciembre: “El Fiscal General Anthony G. Brown se unió hoy a una coalición multiestatal endemandandopara garantizar que el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) no pueda amenazar a los proveedores con una supuesta declaración que intenta, sin fundamento e ilegalmente, limitar el acceso a la atención de afirmación de género para los jóvenes.
El 18 de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó un documento que la agencia denominó “declaración”, en el que se afirma falsamente que ciertas formas de atención médica de afirmación de género son “inseguras e ineficaces” y se amenaza con sancionar a cualquier médico, hospital o clínica que continúe brindándolas, excluyéndolas de los programas federales de Medicare y Medicaid. El Fiscal General Brown y la coalición argumentan que esta declaración viola las leyes federales al modificar ilegalmente los estándares médicos sin pasar por el proceso de notificación y comentarios, y socava la autoridad establecida de los estados para regular la medicina. La coalición solicita al tribunal que intervenga y anule esta declaración ilegal y arbitraria.
“Las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas por médicos y pacientes, no por políticos en Washington que amenazan con destruir las carreras de los profesionales sanitarios y siembran el miedo entre los jóvenes transgénero y sus familias”, declaró el Fiscal General Brown. “No se trata solo de cumplir la ley, aunque el HHS la esté violando claramente. Se trata de proteger a los jóvenes vulnerables que merecen la misma dignidad, respeto y acceso a la atención médica que cualquier otra persona. Nos oponemos a esta acción cruel e ilegal porque todos los habitantes de Maryland, independientemente de quiénes sean, merecen una atención médica compasiva y basada en la evidencia, brindada por profesionales que no serán castigados por hacer lo correcto”.
En la declaración, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., afirmó que otorga al HHS la facultad de excluir a proveedores e instituciones de atención médica de los programas de Medicare y Medicaid simplemente por brindar atención de afirmación de género a adolescentes transgénero. La agencia también anunció dos propuestas de normas que prohibirían por completo la participación de los proveedores de atención de afirmación de género y los hospitales asociados en Medicare y Medicaid, y prohibirían los pagos por atención de afirmación de género a través de Medicaid. Estas normas aún no han entrado en vigor, y el HHS ha dado al público hasta el 17 de febrero de 2026 para presentar comentarios sobre las propuestas.
El Fiscal General Brown y la coalición argumentan que el HHS intenta usar la declaración para eludir los requisitos legales básicos para los cambios de políticas. La ley federal exige que las agencias notifiquen al público y les den la oportunidad de comentar antes de realizar cambios significativos en las políticas de atención médica. En cambio, el HHS emitió lo que arbitrariamente denominó una declaración e intentó hacerla efectiva a nivel nacional de inmediato, sin consultar a médicos, pacientes ni estados. Los fiscales generales sostienen que esto representa una clara extralimitación por parte del gobierno federal, dado que el HHS no tiene la autoridad para tomar tal medida. Durante generaciones, los estados, no el gobierno federal, han sido responsables de regular el ejercicio de la medicina. Al intentar imponer un estándar único a nivel nacional y amenazar con sancionar a los proveedores que se adhieren a una atención bien establecida y basada en la evidencia, el HHS está interfiriendo ilegalmente en las decisiones que deberían tomar los médicos y sus pacientes.
La coalición advierte que el HHS intentará utilizar esta acción ilegal para imponer consecuencias inmediatas y generalizadas. Para los jóvenes transgénero y sus familias, genera temor e incertidumbre sobre la posibilidad de que se les retire repentinamente la atención continua. Para los médicos y hospitales, amenaza con severas sanciones simplemente por tratar a sus pacientes con atención médicamente necesaria y basada en la evidencia. Para los estados, pone en riesgo los programas de Medicaid, programas de los que millones de personas dependen para recibir atención diaria y vital. Los estados dependen de amplias redes de proveedores para brindar servicios de salud esenciales. Al amenazar con descalificar a los proveedores que ofrecen atención de afirmación de género, el gobierno federal obliga a los médicos a elegir entre abandonar a sus pacientes o arriesgar su sustento. Esta presión reduciría el acceso a la atención, agravaría la escasez de proveedores y perjudicaría a los pacientes de Medicaid mucho más allá de quienes buscan atención de afirmación de género.
El Fiscal General Brown y la coalición están pidiendo al tribunal que declare ilegal la declaración del HHS y bloquee su aplicación.
Junto al Fiscal General Brown en esta demanda están los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, así como el Gobernador de la Mancomunidad de Pensilvania.
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