Will Jawando emitió una declaración luego de un fallo de 6 a 3 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Learning Resources v. Trump, que encontró que el presidente no tiene la autoridad para imponer aranceles globales sin la aprobación del Congreso.
Jawando describió la decisión como un importante control del poder ejecutivo y criticó lo que llamó patrones más amplios de extralimitación por parte de la administración.
El fallo de hoy constituye un freno necesario y firme a un presidente que constantemente trata nuestra Constitución como un obstáculo en lugar de un mandato. Si bien la Corte tiene un largo camino por recorrer para restablecer nuestras defensas democráticas, esta decisión es un paso vital para frenar a un poder ejecutivo que considera el estado de derecho como una mera sugerencia. Insto a la Corte a seguir afrontando este momento con la determinación y la valentía que exige.
El patrón de extralimitación de esta administración ha sido implacable y anárquico. Desde el despliegue de agentes federales enmascarados para aterrorizar a los inmigrantes en nuestros barrios hasta el desmantelamiento del Departamento de Educación, presenciamos un ataque sistemático a nuestras instituciones. Insto a la Corte a que se mantenga firme en su deber de controlar este poder y proteger la Constitución contra la aplicación discriminatoria de la ley que afecta a las personas por su apariencia, idioma u ocupación.
En Montgomery County y en todo el país, estos aranceles han funcionado como un impuesto regresivo sobre la vida cotidiana. Han aumentado innecesariamente el costo de los alimentos, los útiles escolares y los artículos básicos para el hogar de familias que ya tienen presupuestos ajustados. Este “Impuesto Trump” incluso ha afectado a nuestro Programa de Mejoras de Capital: el acero y el cableado esenciales para nuestra infraestructura se han encarecido drásticamente. Nuestros impuestos compran menos, y nuestra comunidad está pagando el costo.
Estos aranceles afectaron a nuestras escuelas, a nuestros pequeños negocios y a nuestro futuro. Aunque afortunadamente el Tribunal finalmente ha detenido esta política, nuestra comunidad aún se ve obligada a afrontar las consecuencias de estas acciones imprudentes. Seguiremos luchando por un presupuesto que proteja a nuestros residentes e invierta en nuestro progreso compartido.
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