El miércoles, la presidenta de la Cámara de Comercio Montgomery County, Angela Franco, emitió un comunicado advirtiendo que el cierre del gobierno federal, que comienza hoy, ejercerá una presión significativa sobre las empresas locales, en particular sobre los contratistas gubernamentales. Enfatizó que el cierre agrava las recientes pérdidas de fondos federales y la publicación de empleos, lo que genera mayor presión financiera sobre las empresas y los residentes de todo el condado.

Dado que Montgomery County tiene la segunda mayor presencia federal del país, este cierre podría tener consecuencias perjudiciales para los contratistas gubernamentales de nuestro condado. Cabe esperar que se produzcan más retrasos en los contratos del gobierno federal que compliquen aún más un sistema de adquisiciones ya complejo, que ha sufrido importantes retrasos en los contratos en los últimos meses debido a la reducción de la plantilla federal.

Según el recientemente publicado DMV Monitor de Brookings Institution, el condado tiene la mayor pérdida porcentual en 12 meses, el 26,6 % de todas las jurisdicciones monitoreadas para fondos legalmente vinculantes comprometidos con los destinatarios a través de subvenciones, contratos, préstamos y acuerdos de cooperación otorgados por el gobierno federal.

Este cierre impondrá aún más presión financiera a las empresas y residentes de Montgomery County. Por ejemplo, mientras continúe el cierre, no se otorgarán nuevas subvenciones ni contratos federales. Esto significa que las empresas de Montgomery County podrían verse aún más afectadas por el tiempo y el dinero invertidos en buscar nuevas oportunidades de negocio que no se materializarán.

Además, también se informó que Montgomery County tiene el segundo peor porcentaje de ofertas de empleo con una disminución del 7,8% durante el año pasado.

El sistema político de nuestro país depende de la colaboración entre ambos partidos para lograr un gobierno eficaz. Instamos al Congreso a encontrar la manera de negociar la financiación anual para el año fiscal 2026 a fin de evitar estas interrupciones que perjudican las economías estatales y locales.


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