Maryland El Fiscal General Anthony G. Brown anunció que su División de Protección al Consumidor, en coordinación con la Comisión Federal de Comercio, ha llegado a un acuerdo sobre los cargos civiles contra varias entidades de Lindsay Automotive Group, incluida Lindsay Ford en Wheaton, por acusaciones de que los consumidores fueron engañados para pagar más de los precios anunciados por los vehículos.
Según la Fiscalía General, la demanda alegaba que los concesionarios anunciaban precios más bajos para los vehículos, pero añadían cargos y tarifas obligatorias durante el proceso de compra. El acuerdo busca brindar compensación económica a los consumidores afectados y prohibir estas prácticas en el futuro.
Como parte del acuerdo, los demandados deben reembolsar a los consumidores que pagaron más del precio de compra o arrendamiento anunciado en Lindsay Ford en Wheaton, así como a los residentes de Maryland que compraron vehículos en Lindsay Chevrolet en Woodbridge, VA y Lindsay Chrysler, Dodge, Jeep, Ram en Manassas, VA. El acuerdo también cubre los reembolsos por productos o servicios adicionales, como seguros GAP o planes de servicio, que los consumidores afirman no haber aceptado comprar o que creían que eran obligatorios.
Aunque aún no se ha determinado el monto total de los reembolsos, las autoridades indican que más de 75 millones de dólares en cargos a los consumidores podrían ser reembolsables. El caso, que se encuentra pendiente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, todavía requiere la aprobación judicial.
El fiscal general Brown declaró que la medida se tomó para abordar lo que su oficina describió como prácticas engañosas que provocaron que los consumidores de Maryland pagaran de más. Los funcionarios de la FTC se hicieron eco de estas preocupaciones, afirmando que el caso se centró en garantizar la transparencia en los precios de los vehículos y proteger a los consumidores de cargos ocultos o engañosos.
Según los términos del acuerdo, los demandados tienen prohibido de forma permanente tergiversar los precios de los vehículos, las condiciones de financiación o la obligatoriedad de ciertos cargos, productos o servicios. Asimismo, deben indicar claramente el precio total del vehículo como la cifra más destacada en los anuncios y obtener el consentimiento explícito e informado de los consumidores antes de aplicar cualquier cargo.
Los consumidores elegibles serán contactados por un administrador de reclamaciones externo. Quienes tengan preguntas también pueden comunicarse con la División de Protección al Consumidor de la Fiscalía General. Además de los reembolsos a los consumidores, los demandados acordaron pagar $3.1 millones a la Fiscalía General.
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