La concejala Kristin Mink ha presentado una legislación que prohibiría la discriminación en materia de vivienda basada en la ciudadanía o el estatus migratorio, al tiempo que crearía nuevas protecciones para los inquilinos afectados por los procedimientos de inmigración.
El proyecto de ley 38-26, presentado durante la sesión del Consejo del Condado del 28 de julio, cuenta con el copatrocinio de los concejales Will Jawando, Kate Stewart, Dawn Luedtke, Shebra Evans y Laurie-Anne Sayles. De aprobarse, esta legislación prohibiría la discriminación en la venta o el alquiler de viviendas por motivos de ciudadanía o estatus migratorio.
El proyecto de ley también permitiría a los inquilinos rescindir un contrato de arrendamiento anticipadamente si están siendo deportados, detenidos o retenidos durante más de 30 días debido a procedimientos de inmigración, o si sufren dificultades económicas porque otro ocupante de la propiedad alquilada se ve afectado por procedimientos de inmigración.
“Esta medida cubrirá una laguna urgente en nuestras leyes contra la discriminación en materia de vivienda”, dijo Mink. “La ciudadanía y el estatus migratorio no dicen nada sobre cómo se comportará una persona como inquilino o comprador de vivienda”.
El concejal Will Jawando afirmó que la legislación tiene como objetivo brindar protección adicional a los residentes inmigrantes durante un período de incertidumbre, mientras que la concejala Kate Stewart indicó que el proyecto de ley ayudaría a garantizar el acceso a la vivienda independientemente del estatus migratorio.
La audiencia pública sobre el proyecto de ley 38-26 está programada provisionalmente para el 15 de septiembre a la 1:30 p. m.
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