Maryland El fiscal general Anthony G. Brown se ha unido a una coalición bipartidista de otros 34 fiscales generales que instan al Congreso a preservar las reformas federales destinadas a regular los productos intoxicantes derivados del cáñamo.
En una carta dirigida a los líderes del Congreso y a los presidentes de los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado, la coalición instó a los legisladores a mantener la definición de cáñamo adoptada por el Congreso en 2025 y a rechazar cualquier intento de retrasar, derogar, suspender o debilitar los cambios. Los fiscales generales afirmaron que las reformas subsanaron una laguna legal en la Ley Agrícola de 2018 que permitía la venta generalizada de productos de cáñamo intoxicantes sin regulación.
Según la carta, los estados, las agencias federales y las empresas ya han comenzado a implementar el marco revisado, y muchos estados han actualizado sus propias leyes para alinearlas con el nuevo estándar federal. La coalición advirtió que revertir los cambios generaría incertidumbre regulatoria, aumentaría los litigios, perjudicaría a las empresas que ya se han adaptado y permitiría que productos de cáñamo psicoactivos no regulados volvieran al mercado.
Brown se unió a los fiscales generales de otros 34 estados y territorios para instar al Congreso a mantener la definición actual, argumentando que proporciona mayor certeza regulatoria, protege la seguridad pública y respalda un enfoque nacional coherente para la regulación del cáñamo.
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