Maryland El fiscal general Anthony G. Brown se ha unido a una coalición de 22 fiscales generales y Pensilvania en una demanda enmendada que impugna las condiciones de aplicación de la inmigración impuestas por la administración Trump a las subvenciones federales de seguridad pública.
La coalición argumenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está exigiendo ilegalmente a los estados que cumplan con las demandas federales de control de la inmigración para recibir fondos para las fuerzas del orden, la justicia juvenil y otros programas de seguridad pública.
“El gobierno federal está condicionando ilegalmente las subvenciones que mantienen seguros a los agentes de Maryland, previenen la violencia y promueven la seguridad con armas de fuego en nuestras comunidades”, dijo Brown. “Nos unimos a esta demanda porque la seguridad pública nunca debe usarse como moneda de cambio para obligar a los estados a realizar el trabajo de inmigración que corresponde a Washington”.
La disputa incluye fondos provenientes del Programa de Subvenciones para Asistencia Judicial Edward Byrne Memorial y otros programas. En Maryland, las subvenciones federales apoyan iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia, la seguridad con armas de fuego, los servicios a las víctimas y otros esfuerzos de seguridad pública.
La coalición solicita al tribunal que declare ilegales las condiciones y que bloquee permanentemente su implementación o cumplimiento. La oficina de Brown argumenta que la aplicación de las leyes de inmigración civil es responsabilidad federal y que las condiciones de la subvención violan la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos.
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