El lunes, el fiscal general Anthony G. Brown y una coalición de 22 estados consiguieron una orden judicial federal que bloqueaba una política del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. que pretendía penalizar a los proveedores de atención médica que ofrecían atención a jóvenes con disforia de género.
El fallo, emitido por un tribunal de distrito federal, otorgó un juicio sumario a favor de los estados e impide que el gobierno federal excluya a los proveedores de Medicare y Medicaid por brindar atención de afirmación de género.
La demanda impugnaba una declaración del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de diciembre de 2025 que calificaba ciertos tratamientos de afirmación de género como inseguros e intentaba ampliar la autoridad federal sobre la elegibilidad de los proveedores. El tribunal falló a favor de los estados, concluyendo que la política carecía de la debida autoridad legal y de cumplimiento procesal. La decisión formaliza un fallo oral previo y suspende la aplicación de la política, con la adhesión de varios estados y jurisdicciones a Maryland en el caso.
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