El fiscal general Anthony G. Brown se unió a una coalición de 24 estados para presentar una carta de comentarios oponiéndose a una norma propuesta por el Servicio Postal de los Estados Unidos que permitiría el envío de ciertas armas de fuego por correo.
La propuesta surge a raíz de un dictamen del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2026 que declara inconstitucional la prohibición federal de larga data sobre el envío por correo de armas de fuego ocultables, a pesar de que la ley está vigente desde 1927. La carta conjunta de varios estados argumenta que la propuesta es ilegal y socavaría la seguridad pública al debilitar las restricciones existentes.
La coalición advierte que permitir el envío de armas de fuego sin pasar por vendedores autorizados podría facilitar el acceso a personas con antecedentes penales, incluidos delincuentes y personas sujetas a órdenes de alejamiento, además de complicar los esfuerzos policiales para rastrear las armas. Los funcionarios afirman que este cambio podría generar lagunas en las leyes estatales, incluida la Ley DNT4, e incrementar los costos de la investigación de delitos con armas de fuego. Los fiscales generales argumentan, asimismo, que la Segunda Enmienda no exige tal norma, señalando el precedente de larga data de restringir el envío de armas de fuego por correo y enfatizando que el Congreso ha mantenido esta prohibición durante casi un siglo.
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