Maryland El fiscal general Anthony G. Brown se ha unido a una coalición de fiscales generales para presentar dos demandas que impugnan los esfuerzos de la administración Trump para obtener una base de datos que contiene información personal perteneciente a millones de conductores.
La coalición, integrada por 21 fiscales generales y el estado de Pensilvania, presentó una demanda contra el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) y la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA), junto con una demanda relacionada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según la oficina de Brown, las demandas impugnan los esfuerzos federales para obtener registros del Sistema de Información de Licencias de Conducir Comerciales (CDLIS, por sus siglas en inglés), que contiene información que incluye los nombres de los conductores, las fechas de nacimiento, los números de la Seguridad Social y los números de licencia de conducir.
La coalición alega que las agencias federales están violando la privacidad y otras leyes federales al intentar crear una base de datos con los registros sin las restricciones suficientes sobre cómo se puede usar o compartir la información. Estas alegaciones aún no han sido juzgadas.
“Una vez más, la administración Trump intenta apoderarse ilegalmente de los datos personales de los residentes de Maryland sin ningún propósito legítimo, sin garantías para protegerlos y sin previo aviso al público ni consulta con los estados”, declaró Brown. “Nos unimos a esta demanda porque estos datos pertenecen a los estados y el gobierno federal no puede obligar a otra parte a entregarlos sin una justificación legal”.
El Congreso estableció el CDLIS en 1986 para permitir que los estados compartan información sobre los solicitantes de licencias de conducir comerciales y determinar si un solicitante tiene licencia en otro estado. Desde 1988, el DOT ha contratado a AAMVA, una organización privada sin fines de lucro, para operar el sistema.
Según las demandas, la FMCSA solicitó datos de todos los conductores registrados en el CDLIS de los últimos cinco años. La oficina de Brown afirmó que la agencia amenazó con rescindir más de 10 millones de dólares en subvenciones y contratos federales con la AAMVA después de que la organización expresara su preocupación por la solicitud. El DHS también emitió una citación administrativa para obtener el mismo conjunto de datos.
La coalición solicita una orden judicial de urgencia para impedir que se entregue la información mientras se tramitan los recursos legales.
Junto con Maryland, se han sumado al litigio los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además del estado de Pensilvania.
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