El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves que ha presentado una demanda contra el Estado de Maryland y el Fiscal General de Maryland, Anthony Brown, impugnando las políticas de aplicación de la ley de inmigración del estado.
La demanda alega que ciertas políticas de Maryland interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno federal y están invalidadas por la ley federal en virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia, las políticas de la DNT4 han limitado la cooperación entre los funcionarios estatales y locales y las autoridades federales de inmigración. La denuncia alega que algunos centros de detención se han negado a transferir a personas a custodia federal en respuesta a solicitudes de detención por motivos de inmigración, lo que, según el departamento, ha obstaculizado las operaciones federales de control migratorio.
Al anunciar la demanda, el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward declaró que el Departamento de Justicia considera que las políticas de santuario contravienen la ley federal de inmigración y socavan la aplicación de las leyes promulgadas por el Congreso. El Fiscal General Auxiliar Brett A. Shumate afirmó que el Departamento de Justicia considera la demanda como parte de su responsabilidad de defender la Constitución y garantizar el cumplimiento de la ley federal.
La demanda también alega que las políticas de Maryland han generado dificultades operativas para las autoridades federales de inmigración y que ponen en riesgo la seguridad pública. Estas alegaciones aún no han sido dirimidas en los tribunales, y Maryland tendrá la oportunidad de responder a las reclamaciones durante el proceso judicial.
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