El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, y otros 17 fiscales generales presentaron un escrito amicus respaldando una impugnación legal a dos órdenes ejecutivas de la era Trump que restringen la financiación federal para programas que promueven la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad.
Según el comunicado de prensa distribuido el jueves 15 de mayo: “El Fiscal General Anthony G. Brown hoy, como parte de una coalición de 18 fiscales generales, presentó un escrito amicus apoyando un desafío legal a dos de las órdenes ejecutivas del Presidente Trump dirigidas a iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.
El Fiscal General Brown y la coalición presentaron su informe en Asociación Nacional de Oficiales de Diversidad en la Educación Superior contra Trump Ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito. Los demandantes en el caso —asociaciones de educación superior, el alcalde y el ayuntamiento de Baltimore— impugnaron disposiciones vagas en las órdenes ejecutivas que ordenan a las agencias federales rescindir las subvenciones o contratos relacionados con la equidad e incluir en los contratos o subvenciones el requisito de que los beneficiarios certifiquen que no operan programas que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión. Una de las órdenes también ordenó al Fiscal General de los Estados Unidos que instara al sector privado a poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. El gobierno no ha definido términos críticos en las órdenes ejecutivas, incluyendo qué prácticas de diversidad, equidad e inclusión considera objetables.
“Estas órdenes ejecutivas inconstitucionales obligan a los contratistas y beneficiarios federales de Maryland a tomar una decisión imposible: abandonar programas cruciales que promueven la equidad, la oportunidad y la pertenencia, o perder millones en fondos federales”, declaró el Fiscal General Brown. “Al apoyar la demanda de Baltimore, luchamos no solo por los intereses financieros de Maryland, sino también por los principios fundamentales de inclusión y oportunidad que fortalecen nuestras comunidades, escuelas y lugares de trabajo”.
Un tribunal de primera instancia concluyó que era probable que los demandantes prosperaran en su caso y dictó una orden judicial preliminar que impedía a la administración hacer cumplir las disposiciones de las órdenes impugnadas en la demanda. La administración solicitó, y obtuvo, una suspensión de la orden judicial del Cuarto Circuito en espera de una decisión sobre el fondo de la apelación. El Fiscal General Brown y los fiscales generales solicitan al tribunal que confirme la orden del tribunal de distrito y restablezca la orden judicial.
En su escrito, los fiscales generales sostienen que los programas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad son legales y beneficiosos. De hecho, muchos de estos programas garantizan el cumplimiento de las leyes estatales y federales de derechos civiles. Los fiscales generales también explican cómo las disposiciones impugnadas en las órdenes ejecutivas perjudican a los estados, así como a sus residentes y empresas, al negarles los numerosos y valiosos beneficios asociados con los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades que han adoptado prácticas relacionadas con la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad.
Al Fiscal General Brown se unieron en la presentación del escrito los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
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