Maryland El Fiscal General Anthony Brown anunció que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha retirado nuevas restricciones que habrían limitado los servicios legales críticos de VOCA y VAWA para sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica, luego de una demanda presentada por Maryland y otros 20 estados.
En virtud de un acuerdo vinculante, el Departamento de Justicia no aplicará las limitaciones a ninguna subvención actual, lo que garantiza que los sobrevivientes puedan seguir accediendo a apoyo legal independientemente de su estatus migratorio.
Según el comunicado de prensa distribuido el lunes 24 de noviembre: “El Fiscal General Anthony G. Brown aseguró hoyun acuerdocon el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) garantizando que el DOJ no aplicará restricciones alarmantes a los servicios críticos de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) que apoyan a las sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica.
El mes pasado, el Fiscal General Brown y una coalición de otros 20 fiscales generales demandaron al Departamento de Justicia por nuevas condiciones ilegales que amenazaban con suspender ciertos servicios legales esenciales para sobrevivientes que no pudieran demostrar su estatus migratorio. Como resultado de la demanda, el Departamento de Justicia cambió de postura y hoy acordó una resolución vinculante que garantiza que el gobierno federal no aplicará las restricciones a los fondos estatales de Asistencia a Víctimas de la VOCA y la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA), y asegura que los sobrevivientes puedan seguir contando con estos apoyos legales cruciales, independientemente de su estatus migratorio.
“Este acuerdo protege a todas las sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica, independientemente de su estatus migratorio, y garantiza que puedan seguir accediendo a estos servicios legales vitales”, declaró el Fiscal General Brown. “Al revertir estas restricciones ilegales, protegemos no solo a las sobrevivientes individuales, sino a comunidades enteras que dependen de que las víctimas puedan denunciar, buscar ayuda y sanar”.
Durante décadas, los programas VAWA y VOCA han permitido a los estados apoyar a sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otros delitos violentos. Estas subvenciones financian servicios como representación legal en asuntos de custodia y visitas, manutención infantil, asistencia para la vivienda y la reubicación, y asistencia legal civil que ayuda a los sobrevivientes a escapar del abuso y reconstruir sus vidas. Para apoyar a las víctimas de delitos, la ley Maryland exige que el presupuesto estatal garantice que los programas de Asistencia a Víctimas de VOCA reciban una financiación de 60 millones de dólares anuales, mediante una combinación de fondos estatales y federales. VAWA también financia centros de crisis por violación que brindan apoyo urgente a las víctimas de agresión sexual. El Congreso diseñó deliberadamente estos programas para llegar a todos los sobrevivientes elegibles, independientemente de su estatus migratorio, porque la seguridad pública depende de garantizar que todas las víctimas puedan buscar ayuda, denunciar delitos y reconstruir sus vidas sin temor.
En octubre, la coalición presentó una demanda después de que el Departamento de Justicia informara a los estados que ya no podían utilizar los fondos de VAWA ni de VOCA para brindar ciertos servicios legales a inmigrantes indocumentados. La nueva “Condición de Servicios Legales” se aplicaba no solo a futuras adjudicaciones, sino también a las subvenciones ya otorgadas, algunas de ellas con años de antigüedad. Los fiscales generales advirtieron que la restricción impondría graves cargas a los proveedores de servicios, quienes no recopilan ni verifican el estatus migratorio, y que obligar a los sobrevivientes a presentar prueba de su estatus migratorio antes de recibir ayuda sería peligroso y potencialmente imposible.
Como resultado de la demanda de los fiscales generales, el Departamento de Justicia (DOJ) ha acordado que la restricción impugnada no puede ni será aplicable a ninguna subvención vigente de Asistencia a Víctimas de la VOCA ni a ninguna subvención de la VAWA. Esto significa que las organizaciones Maryland que reciben subvenciones de Asistencia a Víctimas de la VOCA o de la VAWA pueden seguir prestando servicios legales sin tener que adoptar procesos onerosos de verificación de ciudadanía. Con base en esta estipulación vinculante, el Fiscal General Brown y la coalición desestiman voluntariamente su demanda sin perjuicio, preservando la posibilidad de volver a presentarla si el DOJ intenta restablecer esta restricción ilegal en el futuro.
Junto al Fiscal General Brown en esta estipulación están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Rhode Island, Washington y el Distrito de Columbia.
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