Maryland El Fiscal General Anthony G. Brown obtuvo una orden judicial preliminar que bloquea las nuevas reglas de la administración Trump que amenazaban el financiamiento de programas de salud, educación y servicios sociales para familias de bajos ingresos, permitiendo que servicios críticos como bancos de alimentos, refugios y clínicas continúen mientras avanza el litigio.
Según el comunicado de prensa distribuido el miércoles 10 de septiembre: “El Fiscal General Anthony G. Brown aseguró hoy unamedida cautelarBloqueando el intento de la administración Trump de desmantelar programas esenciales de salud, educación y servicios sociales para familias de bajos ingresos. En julio, el Fiscal General Brown se unió a otros 20 fiscales generales para impugnar la reinterpretación por parte del gobierno federal de una ley de décadas de antigüedad que regula el acceso a los servicios sociales. Hoy, un tribunal federal concedió la solicitud de la coalición de una orden preliminar, bloqueando así nuevas normas de gran alcance que amenazaban con desfinanciar programas como Head Start, clínicas de planificación familiar del Título X, bancos de alimentos, albergues para víctimas de violencia doméstica, educación para adultos y centros de salud comunitarios.
“El fallo de hoy impide que la administración Trump utilice el estatus migratorio de una persona para rechazar a niños hambrientos de los bancos de alimentos, expulsar a sobrevivientes de abuso de los albergues y negar atención médica a las familias que más la necesitan”, declaró el Fiscal General Brown. “No permitiremos que el gobierno federal abandone a los residentes más vulnerables de Maryland, y seguiremos luchando en los tribunales hasta que esta cruel política sea derogada definitivamente”.
A principios de este verano, cuatro agencias federales —los Departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS), Educación (ED), Trabajo (DOL) y Justicia (DOJ) de EE. UU.— emitieron un conjunto coordinado de directivas que redefinieron abruptamente la política vigente desde hace tiempo en virtud de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales (PRWORA). Durante casi 30 años, tanto las administraciones republicanas como las demócratas interpretaron la PRWORA para permitir que los estados ofrecieran programas vitales de salud pública, educación y lucha contra la pobreza, independientemente del estatus migratorio. El repentino cambio de postura de la administración Trump habría obligado a los estados a imponer la verificación del estatus migratorio en innumerables servicios, lo que habría amenazado con pérdidas catastróficas de fondos y el cierre de programas.
La decisión del tribunal suspende la implementación de estas nuevas directivas en los estados demandantes mientras el litigio continúa, garantizando así que millones de familias puedan seguir accediendo a servicios esenciales sin temor a ser denegados o interrumpidos. Con este fallo, el juez determinó que la administración probablemente violó la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución al emitir nuevos mandatos de gran alcance sin una normativa legal, interpretar erróneamente la PRWORA y no considerar los devastadores impactos en los estados y las comunidades.
Junto al Fiscal General Brown en esta demanda están los fiscales generales de Nueva York, Washington, Rhode Island, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin”.
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